COMITE INTERNACIONAL DE EMERGENCIA
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Nuevos Acontecimientos Importantes en la Batalla para Liberar los Abogados Peruanos Arrestados Bajo Cargos de Terrorismo

Resúmen de mayo 1999

El diario La República del Perú informó el 24 de febrero 1999 que otro abogado defensor peruano ha sido arrestado bajo cargos de terrorismo. Al igual que los ocho abogados defensores arrestados en noviembre del 1997, Roberto Godofredo Shihuay Soto es bien conocido por su oposición a las terribles injusticias del régimen de Fujimori y por su defensa de aquellos quienes el gobierno ha acusado de terrorismo y traición. Por varios días después de su arresto, al igual que a los otros abogados, lo mantuvieron incomunicado y no se le presentó frente a un juez para la lectura de cargos contra él. Su arresto y las condiciones bajo cuales estuvo detenido han sido denunciadas por el Colegio de Abogados de Lima quienes también han protestado el tratamiento de los otros abogados.

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No obstante hemos podido confirmar que dos de los ocho abogados peruanos encarcelados por mas de dieciceis meses han sido finalmente puestos en libertad. La corte superior de Lima estuvo de acuerdo en marzo con la opinion del fiscal de "no responsabiliad" en las acusaciones de terrorismo contra Teodoro Bendezu Montes y Fredy Huaraz Riquez y que debieran ser puestos en libertad y no enjuiciados bajo esos cargos. De acuerdo a nuestra información, en el caso de por lo menos cinco otros, el fiscal también ha presentado una opinión de "no responsabilidad." Así que algunos o todos de estos cincos también podrían ser puestos en libertad en el futuro cercano.

¡Las noticias sobre la libertad de los dos abogados son sin duda buenas noticias! Esta importante victoria demuestra el impacto del apoyo que ha sido expresado a favor de los abogados en el Perú como internacionalmente. Le pone incapie a lo importante que es intensificar el apoyo para todos los abogados que aún están encarcelados.

El arresto y encarcelamiento original en noviembre 1997 de estos prominentes abogados defensores ha sido denunciado por la Asociación Por los Derechos Humanos del Perú (APRODEH), el Colegio de Abogados de Lima, las secciones de México y EEUU de la Asociación Americana de Juristas, el National Lawyers Guild, y el Center for Constitutional Rights. Casi cien abogados, catedráticos, y estudiantes de Colombia mandaron una carta al Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (GTONUDA) condenando estos arrestos. Una declaración similar, firmada por 58 abogados y doce otros profesionales griegos, fue enviada a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH). Y una declaración firmada en los EEUU por más de 150 abogados y más de cien estudiantes de leyes fue enviada a la CIDH durante el tiempo en que el grupo de investigación de la CIDH visitó el Perú en noviembre 1998. Más recientemente 814 miembros del Colegio de Abogados de Atenas firmaron una petición demandando libertad para los abogados peruanos.

En resúmen: los ocho abogados arrestados en 1997 fueron originalmente acusados de traición y llevados frente a tribunales militares. Uno de ellos, Luis Ramón Landaure, fue enjuiciado bajo el cargo de traición en un tribunal militar en febrero 1998. El fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Su condena eventualmente fue anulada por la Corte Suprema de Justicia Militar, pero no fue puesto en libertad. Su caso fue entregado a las cortes civiles para hacerle otro juicio basándose en los mismos cargos y los mismos "hechos", a pesar de que esta vez el "delito" fue terrorismo en vez de traición. Los otros siete fueron absueltos de los cargos de traición y luego llevados frente a tribunales civiles para confrontar juicios por terrorismo.

De hecho, han habido miles de peruanos acusados bajo los decretos anti-terroristas establecidos por el régimen de Fujimori después del golpe de abril 1992. Esos juicios han sido notorios por sus flagrantes violaciones de las normas internacionales inclusive: negarle al acusado y a sus abogados acceso a las pruebas en contra de ellos; negarle el derecho de confrontar los testigos; negarle al acusado y sus abogados la posibilidad de preparar y presentar una defensa; hostigar y amenazar a los abogados de defensa quienes se atreven representar a los acusados. Claramente, las detenciones sistemáticas de los propios abogados que emprenden la defensa de acusados es una profundización de los ataques peligrosos a los más fundamentales derechos en el Perú.

El caso de Luis Ramón Landaure es típico de los juicios llevados acabo bajo las leyes anti-terroristas. En primer lugar, el enjuiciamiento de centenares de civiles por tribunales militares en el Perú, es en sí mismo una peligrosa violación de normas internacionales. La práctica de enjuiciar al acusado dos veces usando las mismas "pruebas" es una violación adicional (primero por traición en una corte militar y luego por terrorism en una procedimiento civil). Y las pruebas principales contra Luis Ramón Landaure están basadas en el testimonio de dos "arrepentidos" (gente que tomaron ventaja de Ley de Arrepentimiento del 1992 para conseguir mejor tratamiento a cambio de dar nombres y testificar en contra de otros). Uno de estos arrepentidos fue forzado por la policía bajo amenaza de ser acusado de traición para que testificara contra él y otros abogados. El otro testificó a cambio de promesas de liberar a su madre y hermana.

Un informe del GTONUDA presentado esta primavera incluyó una referencia al uso del testimonio de un arrepentido contra Luis Ramón Landaure. (El informe también discute que un juez militar había expresado prejuicio contra él y que la petición de habeas corpus había sido negada en todos los casos.) Aún más, cuando el juicio inicial por traición se estaba llevando acabo, ni Ramón ni sus abogados fueron informados sobre el testimonio de los arrepentidos, ni se le dio la oportunidad de responder a los cargos. Otras pruebas en contra de él consistieron en posesión de textos marxistas legales y documentos dirigidos a la propia CIDH de parte de las peronas acusadas de terrorism, y la supuesta asociación con gente que el gobierno considera subversivos. No hubieron actos criminales específicos ni alegados contra Luis Ramón Landaure o contra los otros abogados, sin embargo han sido encarcelados por más de dieciseis meses!

El hecho de que dos de los abogados hayan sido puestos en libertad a poco tiempo después de que otro abogado más haya sido arrestado señala que mientras que el gobierno peruano posiblemente esté teniendo algunas dificultades en forzar su encarrilamiento, la situación en el Perú está en flujo. El concederle la libertad a Teodoro Bendezu Montes y Fredy Huaraz Riquez indica que el gobierno está sintiendo la presión que aplican las protestas internacionales y domésticas. El juez que los absolvió denunció públicamente a los fiscales y a los jueces de los tribunales por haberlos procesados por más de un año cuando claramente no existían pruebas contra ellos. Esto hace ver con más claridad que los cargos contra todos estos abogados han sido motivados políticamente desde sus inicios y que son parte de los esfuerzos del gobierno de usar la etiqueta de "terrorista" para suprimir toda oposición en la sociedad.

Ahora es el momento para intensificar las denuncias y las protestas y apoyo. Por favor circule este informe con los últimos acontecimientos y escriba o mande fax a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras organizaciones correspondientes urgiéndoles a que demanden que el gobierno peruano ponga en libertad a todos los abogados y que respeten los tratados y normas internacionales. Incluya referencias al abogado arrestado más recientemente y otro material de este informe en su comunicaciones.

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